El Fondo Piadoso de las Californias tuvo su origen, en 1697, en las donaciones
voluntarias hechas por individuos y corporaciones religiosas en México
a miembros de la Compañía de Jesús, para posibilitarles
propagar la Fe Católica en el área entonces conocida como California.
Las primeras contribuciones al fondo se colocaron en manos de los misioneros,
los más activos de los cuales fueron Juan María Salvatierra y
Francisco Eusebio Kino. Las donaciones posteriores y más amplias tomaron
la forma de acuerdos tomados por los donantes de mantener la propiedad donada
para las misiones, y dedicar la renta de ella a esa finalidad. En 1717 los capitales
de prácticamente todas las donaciones se entregaron a los jesuitas, y
desde ese año hasta la expulsión de la Compañía
de Jesús de México el Fondo Piadoso fue administrado por ellos.
En 1768, con la expulsión de todos los miembros de la Compañía
del territorio español por la Pragmática Sanción de Carlos
III de España, la corona de España asumió la administración
del fondo y la mantuvo hasta que se logró la independencia mexicana en
1821. Durante este periodo (1768-1821) las labores misioneras en California
se dividieron, el territorio de la Alta California se confió a los franciscanos,
y el de la Baja California a los dominicos. Antes de la expulsión de
los jesuitas se habían fundado trece misiones en la Baja California,
y para el año 1823 los franciscanos habían establecido veintiuna
misiones en la Alta California. En 1823 el recién establecido Gobierno
de México asumió la administración del fondo y continuó
administrándolo hasta 1840.
En 1836 México aprobó una ley autorizando una petición
a la Santa Sede para la creación de un obispado en California, y declarando
que a su creación “la propiedad perteneciente al Fondo Piadoso
de las Californias sería puesta a disposición del nuevo obispo
y sus sucesores, para ser gestionado por ellos y empleado para sus fines, u
otros similares, respetando siempre los deseos de sus fundadores”. En
respuesta a esta petición, Gregorio XVI, en 1840, erigió una diócesis
en California y nombró a Francisco García Diego (entonces presidente
de las misiones de las Californias) como primer obispo de la diócesis.
Poco después de su consagración, México entregó
las propiedades del Fondo Piadoso al obispo García Diego, y fueron tenidas
y administradas por él hasta 1842, cuando el General Santa Anna, Presidente
de México, promulgó un decreto revocando la disposición
arriba mencionada de la ley de 1836, y ordenando que el gobierno se hiciera
de nuevo cargo del fondo. Las propiedades del fondo fueron entregadas por la
fuerza al gobierno mexicano en Abril de 1842, y el 24 de Octubre de ese año
se promulgó un decreto por el General Santa Anna ordenando que las propiedades
del fondo se vendieran, y el producto se incorporara al tesoro nacional, y además
disponía que la venta fuera por una cantidad que representara la renta
anual de las propiedades capitalizada al seis por ciento por año. El
decreto disponía que “el tesoro público reconocerá
una deuda del seis por ciento por año sobre el producto total de la venta”
y empeñaba específicamente el impuesto del tabaco para el pago
de esa cantidad “para llevar a cabo los fines a que dicho fondo está
destinado”.
Por el tratado de Guadalupe Hidalgo de 2 de Febrero de 1848, el Alto México
se cedió a Estados Unidos por México, y todas las reclamaciones
de ciudadanos de los Estados Unidos contra la República de México
que se habían acumulado hasta entonces fueron satisfechas por los términos
del tratado. Tras el tratado de Guadalupe Hidalgo (y de hecho durante algunos
años antes) México no hizo pagos en beneficio de las misiones.
El arzobispo y obispos de California reclamaron que, como ciudadanos de los
Estados Unidos, tenían derecho a pedir y recibir de México en
beneficio de las misiones dentro de sus diócesis una proporción
adecuada de las cantidades que México había asumido pagar en su
decreto legislativo de 24 de Octubre de 1842. Por un convenio entre Estados
Unidos y México, concluido el 4 de Julio de 1868, y promulgado el 1 de
Febrero de 1869, se creó una Comisión Mixta Americano-Mexicana
de Reclamaciones para considerar y decidir la validez de las reclamaciones sostenidas
por ciudadanos de un país contra el Gobierno del otro que se habían
presentado entre la fecha del tratado de Guadalupe Hidalgo y la fecha del convenio
que creaba la comisión. A esta comisión presentaron, en 1869,
los prelados de la Alta California sus reclamaciones contra México por
la parte del interés de veintiún años sobre el Fondo Piadoso
(acumulado entre 1848 y 1869) pagadero según los términos del
decreto de Santa Anna de 1842, en lo que correspondía proporcionalmente
a las misiones de la Alta California (al haber permanecido la Baja California
en territorio mexicano).
Al someterse esta reclamación a decisión los comisionados mexicanos
y norteamericanos no se pusieron de acuerdo sobre su adecuada resolución,
y se remitió al árbitro de la comisión, Sir Edward Thornton,
entonces embajador británico en Washington. El 11 de Noviembre de 1875,
el árbitro dio un fallo favorable al arzobispo y los obispos de California.
Según ese fallo, el valor de los fondos en la época de su venta
en 1842 se fijó finalmente en 1.435.033$. El interés anual de
esta cantidad al seis por ciento (la tasa fijada en el decreto de 1842) ascendía
a 86.101’98$ y por los veintiún años entre 1848 y 1869 totalizaba
1.808.141’58$. El árbitro sostenía que de esta cantidad,
la mitad debía ser la correspondiente equitativamente a las misiones
de la Alta California, situadas en territorio norteamericano, y por tanto concedía
a los Estados Unidos por cuenta del arzobispo y los obispos de California 904.070’79$.
Esta sentencia fue pagada en oro por México de acuerdo con los términos
del convenio de 1868, en trece plazos anuales. Sin embargo, México discutió
su obligación de pagar ningún interés acumulado después
del periodo cubierto por el fallo de la Comisión Mixta de Reclamaciones
(esto es, después de 1869), y se abrieron negociaciones diplomáticas
entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de México, que
resultaron, después de algunos años, en la firma de un protocolo
entre los dos gobiernos el 22 de Mayo de 1902, por el que la cuestión
de la responsabilidad de México se sometía al Tribunal Permanente
de Arbitraje de La Haya. Esta fue la primera controversia internacional sometida
al tribunal. Según los términos del protocolo, el Tribunal Arbitral
tenía que decidir, primero si la responsabilidad de México de
hacer pagos anuales a los Estados Unidos por cuenta de los obispos católicos
de California se había convertido en res judicata por el fallo de la
Comisión Mixta de Reclamaciones, y segundo, si no, si era justa la reclamación
de los Estados Unidos, de que México estaba obligado a continuar tales
pagos.
El 14 de Octubre de 1902, el Tribunal de La Haya publicó un fallo juzgando
que la responsabilidad de México estaba establecida por el principio
de res judicata, y en virtud de la sentencia arbitral de Sir Edward Thornton,
como árbitro de la Comisión Mixta de Reclamaciones; que en consecuencia
el Gobierno Mexicano estaba obligado a pagar a los Estados Unidos, para el arzobispo
y obispos católicos de California la cantidad de 1.402.682’67$,
en cumplimiento de las anualidades que se habían acumulado desde 1869
hasta 1902, y que tenía la obligación adicional de pagar “perpetuamente”
una anualidad de 43.050’99$ en moneda de curso legal en México.
El Gobierno de México desde la fecha del fallo de La Haya ha cumplimentado
sus disposiciones, y paga anualmente al Gobierno de los Estados Unidos, en plata
mexicana, para los prelados católicos de California, la cantidad que
se juzgó se debía como anualidad “perpetua”.
Transcript of Record of Proceedings before the Mexican and American
Mixed Claims Commission with Relation to. . . .. . . . . .Claim No. 439, American
Docket (Washington, 1902); Diplomatic Correspondence Relative to the Pious Fund
of the Californias (Washington, 1902); United States vs. Mexico. . . .. . .
. . .Senate Document No, 28, 57th Congress, Second Session (Washington, 1902).
GARRET W. McENERNY
Transcrito por M. Donahue
Traducido por Francisco Vázquez